El terremoto del pasado 8 de enero fue sin duda una de las mayores tragedias de la historia reciente de nuestro país. Las consecuencias del desastre, que acabó con la pequeña Cinchona y que afectó a varias poblaciones de Alajuela y Heredia, incluida Poás, son quizás mas serias de lo que se pudo creer, hace poco menos de un año, en el ambiente de emergencia y desplazamiento mediático.

El pueblo costarricense se mostró oportunamente solidario: gigantescas cantidades de comestibles y donativos fueron ofrecidos por ciudadanos de todo el país. En contraste, los muchos donativos y la gran movilización de bienes dio paso a una serie de delitos y oportunismos.

Diversos sectores encontraron la forma de sacar provecho en medio del sufrimiento de muchas personas realmente afectadas por el desastre. La corrupción abarcó desde autoridades, “colaboradores”, saqueadores, hasta los falsos damnificados. El desorden con los donativos se convirtió en un circo y los medios de comunicación informaban al resto del país sobre lo que cualquier vecino podía ver “a la vuelta de la esquina”.

Pobladores desolados y sin saber adónde ir. En ese contexto parecía que nadie podía aventurarse a no tener una palabra de esperanza; las promesas informales se despilfarraban con los hematomas que el terremoto descubría en la piel de la gente.

Un pequeño trabajo de investigación universitario me permitió, junto a un amigo, hacer un recorrido por algunas de las comunidades afectadas, con el objetivo de recopilar algunos comentarios que permitieran reconocer, en propia voz de los damnificados, lo que fue de las tantas promesas realizadas hacía varios meses.

Una serie de preguntas cerradas, obligatorias para el caso, dejó por fuera esos detalles que cada quien guarda en su vivencia personal y que sin duda fortalecen la muchas veces distorsionada “opinión pública”. Por lo tanto, la tarea de escuchar con atención era vital para englobar lo mucho que estas personas tenían para contar. Más importante aún, los afectados en realidad querían relatar su situación, contrario al prejuicio que nos abordó al emprender la travesía cuando creímos encontrar a una personas hartas de preguntas y entrevistas.

Las preguntas iban orientadas a establecer una relación entre el accionar de las autoridades en el corto y mediano plazo, la resolución de las promesas, vislumbrar la falta de prevención; así como las generalidades y contrastes que pudieran existir entre las poblaciones afectadas. Sin embargo, la voz de los vecinos evidenciaría otras interrogantes, algunas planteadas y otra sin formularse aún.

San Rafael de Vara Blanca fue uno de los pueblos que mayores daños sufrió a causa del terremoto y donde además hubo víctimas mortales. A nuestra llegada, unas siete amas de casa se acercaban a las afueras de lo que fue una pequeña iglesia. Anticipándose a nuestra pregunta, un auto con las iniciales de la Caja Costarricense del Seguro Social llegó hasta el frente de la iglesia donde una enfermera se apresuró a entregar medicamentos a las señoras que en orden esperaban ser llamadas.

Luego de la fugaz entrega, era el momento de aprovechar a las mujeres reunidas. El apellido Mejía, así como la unanimidad de los comentarios, recordaban lo pequeño que era el pueblo; los medicamentos recién llegados venían de Poasito y nuestras entrevistadas plantearon la queja contra la Municipalidad de El Roble de Heredia, a la que pertenece San Rafael y que se habían olvidado del ellos. “Si no fuera por Poás y Poasito no se que haríamos nosotros” dijo doña Rosa María Mejía.

Tres casas de "Un techo Para mi País" ocupaban el lugar de la destruida escuela; la promesa de un nuevo centro educativo seguía muy presente en los vecinos; el desencanto ante las muchos ofrecimientos era más que explícito y la frase inequívoca en cada relato no era para menos, “es que nosotros somos el pueblo olvidado”.

Vara Blanca, con mayor cobertura por los medios, fue otra población muy afectada que además posee muchos más vecinos. El sentir de la gente seguía el mismo hilo, la mayoría hablaba de una buena atención en albergues y lo relacionado al corto plazo pero mantenían el sentimiento de abandono transcurridos ya más de diez meses.

En esta localidad las distintas caras del desastre fueron muy evidentes. Desde las personas más abatidas por el terremoto que perdieron todo y esperaban por una casa de los programas de reubicación, hasta los aprovechados que sacaron beneficio de las ayudas brindadas. Por otra parte, la deficiencia de las autoridades también era evidente, cuando toda la maquinaria ubicada en Vara Blanca estaba completamente detenida desde hacía quince días anteriores a nuestra visita. La noticia de la maquinaria en desuso sería publicada unas semanas después en La Nación.

Mientras tanto, un hombre de unos treinta años hacía una fuerte crítica a las autoridades de salud y emergencias dentro de su casa de "Un techo Para mi País" luego de habernos comentado como llegó a Vara Blanca el trece de enero, cinco días después del terremoto.

El recorrido necesitó de dos días, en los que unas 25 personas, de distintos lugares, expusieron sus situaciones y críticas. Poasito, Fraijanes y Sabana Redonda marcarían el epílogo del itinerario. Una familia de Poasito que perdió vivienda y terreno nos recibió en su casa alquilada por el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social); el alquiler era por tiempo indefinido y según Javier Mena Calvo, la promesa del IMAS consistía en que ellos consiguieran una casa y lote a un costo no mayor a doce millones de colones y que la institución se encargaría de pagar. “No se consigue con lote una casa a ese precio” aseguró Javier junto a sus hijos, madre y hermana.

Otras familias esperaban por una casa en el proyecto de vivienda en San Juan de Poás mientras otros aseguraban como “una gente del ministerio” les prometió una casa. Al preguntar sobre algún documento que hiciera constar dicha promesa o si pertenecían a uno de los programas de vivienda, la respuesta fue muy clara; “no, solo nos lo dijeron un día que vinieron por aquí”. En cuanto a las ayudas recibidas en ese momento, todas se limitaban a alimentación.

Contrario a lo esperado, todas las personas nos recibieron muy amablemente, incluidos los foráneos que por coincidencia aparecieron en los pueblos justo después del terremoto. El sentimiento de abandono por parte de las autoridades fue denominador común aunque, disconformes, la gran mayoría no vivía aferrada a una promesa sino que luchaban por recuperar lo que tardaron años en construir.

A un año del terremoto de Cinchona el gobierno excusa el incumplimiento de promesas en las trabas burocráticas para la compra de terrenos y permisos de construcción, mientras que los candidatos a la presidencia recuerdan que hay cientos de personas sin familia y reclaman en los diarios la concreción de ayudas por parte del gobierno.

¿Acaso esas trabas no se pueden sobreponer cuando se decreta una situación de emergencia; o por qué la inconciencia de hacer ofrecimientos acelerados si se conocen los impedimentos para concretarlos? Tales cuestiones hacen pensar que simplemente se han obviado o no se han tomado con seriedad los procedimientos para dar vivienda a los damnificados.

La ineficacia y la corrupción en el manejo de los recursos y donativos por parte de las autoridades, la carencia de un trabajo conjunto que permitiera un manejo adecuado de la situación emergencia y post-emergencia. Las falta de oportunidades para familias que se ven obligadas a construir en zonas riesgosas y los muy pasivos planes de prevención son solo algunos de los numerosos problemas que puso de manifiesto este desastre.

Mientras tanto, los verdaderos afectados no salen a las calles para manifestarse por la falta de vivienda y empleo porque han ocupado todo su tiempo trabajando en recuperar sus casas, reactivar sus plantaciones y conseguir fuentes empleo.

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